Como ya os indicamos anteriormente, los radares de tramo están a punto de llegar a las carreteras españolas y el primer lugar donde se situará uno de estos radares será el túnel de Guadarrama en la autopista AP-6 (Madrid – A Coruña). Según el club automovilista RACE, en este punto nunca ha sucedido un accidente grave y ante esta afirmación un responsable de Tráfico indicó hace unos días que “no es un punto negro, pero así evitaremos que lo sea”. Ahí queda eso.

La DGT tiene así la excusa ideal: poner un radar porque es un tramo peligroso o ponerlo porque sí. Da la casualidad de que por este punto sin siniestralidad significativa pasan cada día 20.200 vehículos, de los cuales más de uno se encargará de amortizar en poco tiempo los 500.000 euros que costará la instalación de este radar. ¿En qué quedamos entonces, los radares son para mejorar la seguridad vial o tiene fines recaudatorios?

Según el informe EuroRAP realizado por el RACE a partir de los últimos datos disponibles de la propia DGT y el Ministerio de Fomento, sólo uno de cada cuatro radares está situado en puntos negros, es decir, tramos de especial siniestralidad por el número de víctimas que concentran.

A menos de 100 kilómetros del nuevo radar de tramo está situado el peor punto negro de España, donde no hay ningún radar. Se trata de una carretera comarcal madrileña que transcurre entre Valdeavero y Camarma de Caño, en las inmediaciones de Alcalá de Henares. En sólo 13 kilómetros de trayecto en línea recta ha habido que lamentar 15 víctimas, la mitad de ellas en un tramo de apenas 900 metros. El titular de la vía es la Comunidad de Madrid y Fomento indica que, por tanto, “es responsabilidad de la Comunidad”. La Comunidad de Madrid se justifica señalando que “colocar un radar es asunto de la DGT”. Así que unos por otros, la casa sin barrer.

Y es que el problema no son los radares sino la utilización que les está dando la DGT. El uso de radares es tremendamente útil en zonas donde la velocidad es un factor de riesgo determinante, como se pudo constatar en la N-322, en el tramo conocido como la variante de Benidorm. Allí, en tan sólo 300 metros hubo 26 muertes entre los años 2000 y 2007. Según el Jefe Provincial de Tráfico de Alicante, Francisco García Caro, “los accidentes eran en su mayor parte por exceso de velocidad y los conductores se salían de la vía. Ahora se ha asfaltado de nuevo y con la señalización y los radares, dejaremos de tener allí un punto negro”. Estos cambios han funcionado y demuestra que el uso de los radares en lugares adecuados mejora claramente la seguridad vial.

Pero la DGT se empeña en seguir colocando la mayoría de sus radares en lugares donde no tienen ninguna utilidad. El 80% de los accidentes suceden en carreteras convencionales de la red secundaria pero, sin embargo, Tráfico coloca sus máquinas en vías rápidas y con alta densidad de circulación. Las cuentas son sencillas: 505 radares en las carreteras españolas pero sólo 41 de los 157 puntos negros tienen un radar ¿dónde están el resto?

Así que si no es para mejorar la seguridad vial, sólo queda una posible explicación: el afán recaudatorio. Según el informe del RACE, el organismo dirigido por Pere Navarro habría recaudado sólo en multas por exceso de velocidad nada menos que 172 millones de euros, aunque no existen cifras oficiales. Desde 2004, Tráfico ha pasado de tener un presupuesto de 400 millones de euros a superar los 1.000 millones de euros.

¿Se colocarán los futuros radares de tramo en zonas de alta siniestralidad? Pues ya os anticipo que no. Este tipo de radares necesitan estar colocados en recorridos sin salidas o incorporaciones, sin variaciones de velocidad y donde no haya mucha pendiente o curvas, y casi todos los puntos negros incumplen alguna de esas necesidades. Así que como no se podrán poner en puntos negros, su utilidad será como la de los radares actuales, es decir, llenar los bolsillos de la DGT.

Vía: El Mundo